Confederacion Granadina 1857-1863

La Confederación Granadina es parte de una serie de reformas que comenzaron a mediados del siglo XIX en toda Hispanoamérica, y que tenían por propósito romper de forma definitiva con cualquier rezago del sistema colonial.1 En el caso de lo que hoy es Colombia y Panamá, esta trasformación se vivió a través de un paulatino proceso de cambio en el modelo político, económico y social imperante desde el periodo de las independencias. Los cambios al orden establecido despertaron profundas contradicciones al interior de la sociedad, que se expresaron en dos guerras civiles en 1851 y 1860, más un golpe militar en 1854. La primera de estas conflagraciones estuvo relacionada con el papel de la Iglesia en la sociedad, mientras que la segunda y el golpe de Estado de Tomas Cipriano de Mosquera se vinculan a las tensiones producidas por la profundización del sistema federal, entre la soberanía nacional y los poderes regionales. En este sentido, la Confederación Granadina se destaca porque su efímera existencia dio cuenta tanto de las trasformaciones políticas, como de la resistencia que esto generó en algunos sectores de la sociedad, que aun siendo parte de la idea de un modelo de República federal,3 consideraban que la existencia de un gobierno general fuerte era necesaria para mantener el orden después de las guerra del 1851. Estas contradicciones, sumadas a las tensiones que existían en torno a la separación Iglesia-Estado como parte del ideario liberal que se imponían en el momento, fueron procesos que llevaron al levantamiento de los seguidores del General Mosquera y el radicalismo liberal en 1860-1863, como evento central de este periodo Confederado de la historia de Colombia y Panamá. CONSTITUCION DE 1858: La constitución de 1858,10 por la que se llamó al país la Confederación Granadina, fue en términos prácticos el resultado de la creación de los Estados soberanos de Panamá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Tolima y Magdalena, como una realidad que no había sido contemplada por la constitución de 1853. En este sentido, el ejercicio constituyente encabezado por Mariano Ospina Rodríguez únicamente llegó a reconfirmar una realidad que ya era de hecho desde 1855, y que daría forma al federalismo, que en términos prácticos era ya un consenso entre la mayoría de los miembros de la élite nacional y provincial.3 De esta forma, debido a su particular formación, el primer elemento que se hace evidente es que la Constitución de 1858 antes que ser un ejercicio real de organización política de la sociedad, fue ante todo un producto de la necesidad de establecer conexiones entre el conjunto de normas que dieron forma a Estados independientes y soberanos, evitando la aparición de tendencias secesionistas al interior del país. Siendo así que la constitución reconoció formalmente la supremacía de lo provincial sobre lo nacional, dándole la facultad a las Asambleas estatales y a los gobernadores de manejar sus asuntos con amplia libertad.11 Elementos como la libertad en el comercio de armas, la determinación de la ley electoral, el nombramiento de los funcionarios y la organización de la educación, fueron funciones delegadas en su totalidad a los gobiernos regionales. En lo que se refiere a las atribuciones del gobierno federal, cuyo periodo en el caso del Congreso era de 4 años y del Presidente de solo 2, la constitución de 1858 le permitía al Ejecutivo federal únicamente el manejo de las relaciones exteriores, la organización de las instituciones de la confederación y lo correspondiente a determinar los elementos generales de la legislación federal.11 Se abolió la Vicepresidencia y se reemplazó con un designado nombrado por el Congreso. Gracias a estas disposiciones constitucionales se hace evidente que el poder del gobierno federal era muy limitado, y respondía en esencia a la conservación de la unión entre Estados prácticamente independientes, que de otro modo difícilmente habrían continuado siendo parte de la organización política ahora confederada. Este apego absoluto a la soberanía provincial y al no intervencionismo del gobierno federal, fue el elemento que inspiró el levantamiento en 1860, después de que el Presidente Ospina Rodríguez tratara de recuperar varios de los poderes tradicionales de la primera magistratura, a través de una serie de leyes que en 1859 modificaban de manera sustancial el orden constitucional. La guerra de 1860 a 1863 Desde la perspectiva de María Teresa Hincapié y Liliana López, la guerra de 1860 a 1863 fue un conflicto guiado por una competencia entre diferentes burocracias, la nacional y las provinciales, que buscaban establecer las formas de dominación que darían base a la República.2 En este sentido, Hincapié y López proponen que el enfrentamiento se dio entre un gobierno federal que entendía como una necesidad establecer una forma de dominación directa, resumida en las reformas del 59, que proveyera al gobierno central de las herramientas para actuar sobre sus contrapartes regionales. Por otro lado, los gobiernos provinciales buscaban mantener su lugar como intermediarios entre el gobierno central y la sociedad, bajo el principio de un espacio de control local que les era propio y base de su autoridad. Hincapié y López definen entonces la guerra en tres etapas. La primera, desde 1847 hasta 1859, se basó en procesos descentralizados que se dieron en varios de los estados soberanos (Magdalena, Santander, Bolívar y Cauca), con propósitos partidistas, por el control de los gobiernos locales.2 La segunda etapa, de 1858 a 1861, se centra en el levantamiento de Tomás Cipriano de Mosquera, por lo que él creía era una violación de la constitución de 1858 en las leyes de 1859. Esta etapa termina con la victoria de los gobiernos liberales y el caudillo en 1861, y la proclamación de un gobierno provisional con el general Mosquera a la cabeza.2 El tercer momento es ubicado por las autoras desde 1861 hasta la expedición de la Constitución de Rionegro en 1863, en la que se presentaba una itinerante resistencia conservadora al gobierno de Mosquera, que para este momento había reanudado sus hostilidades hacia la iglesia católica, por lo que pensaba era la necesidad de afianzar la soberanía externa del país frente a poderes desestabilizadores externos como los del Vaticano. Hay que recalcar, y así lo hacen las autoras, que la revuelta de 1860 fue tanto un evento armado como un lucha jurídica, así como una competencia discursiva, donde los liberales, y en especial Mosquera, entendían que su lucha estaba legitimada en la defensa del orden constitucional federal (basado en principio en el federalismo, como proyecto de no intervencionismo del gobierno central en los asuntos propios de los estados soberanos) que había sido quebrantado de forma ilegal por el presidente Ospina Rodríguez